Niños entre la lectura y el crimen

El 4 de agosto de 2002 en el pueblo de Soham, en el condado británico de Cambridgeshire, Holly Wells, una niña de diez años, recibió como invitada en su casa a su amiga Jessica Chapman de la misma edad. Al terminar la comida decidieron ir a comprar dulces y desaparecieron. Toda Inglaterra se conmocionó durante la búsqueda de las niñas y permaneció más expectante, si cabe, ante la difusión de una de sus últimas fotografías donde estaban sonrientes y vestidas con la roja camiseta del equipo de futbol Manchester United. La comunidad de Soham aguantó la respiración. El caso fue seguido por los medios. Rostros desencajados y llorosos, como el de Ian Huntley, el conserje de 28 años del centro de formación secundaria de Soham, solicitaban aferrarse a la esperanza de encontrarlas con bien.

Tras doce días de búsqueda los cuerpos policiacos hallaron en el bosque los cuerpos sumamente lastimados y semienterrados de las niñas; y no escatimaron esfuerzos de investigación forense para encontrar al asesino.

Mucho tiempo le llevó a Scotland Yard ir cerrando el círculo de sospechosos en torno de Ian Huntley, que tenía antecedentes de una acusación de violación pero que había sido descartado en un principio porque su novia, Maxine Carr, que había sido profesora de las víctimas, mintió para apoyar su cuartada. Huntley vivía en casa de Carr, vecina de la niña Wells, y las había interceptado. Carr, creyendo inocente a su compañero declaró que había estado con él cuando en verdad había viajado para visitar a su madre.

Después de ese caso varios legisladores se dieron a la tarea de elaborar medidas de protección de la infancia contra posibles depredadores sexuales. En ese sentido el programa Vetting and Barring Scheme entrará en vigor en octubre de 2009 en Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte. A partir de ese momento quien tenga contacto con niños o adultos vulnerables, tanto en trabajo asalariado como voluntario, deberá comprobar que no tiene antecedentes criminales.

La medida parece razonable, pero tiene implicaciones excesivas: los autores de obras infantiles que acudan a las escuelas también deben acreditar el no tener antecedentes criminales y pagarán un certificado de 64 libras esterlinas.

Es claro que por el afán de seguridad se está atentando contra otro interés social que es la promoción de la cultura y el arte. Justamente eso han pensado algunos autores como Philip Pullman, Anne Fine, Anthony Horowitz y Michael Morpurgo que han empezado a protestar y anuncian que no acudirán a las aulas a leer sus obras.

Sin embargo, cualquier ley debe tratar igual a todas las personas y el ser escritor no debe conllevar privilegios o fueros. Así ha pensado el autor Anthony Browne para quien la medida no debe tener excepciones; y así lo pienso yo que aplaudo el programa en tanto que nada puede ser suficiente para salvaguardar a nuestros niños. La promoción de la lectura debe hacerse en niños vivos y sanos.